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DECRETO LEY PARA EL PROBLEMA DE VIVIENDAS ILEGALES

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que se quiere resolver una situación que en Andalucía afecta a 327.500 familias.
Esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad.
Según comentó el concejal de Urbanismo, Marcos Ruiz, en Manilva son 500 las viviendas que están en situación irregular y que desde el Consistorio se viene trabajando desde hace años para legalizarlas.
Como dato positivo para su regularización, estas viviendas están situadas alrededor de los núcleos y de los caminos, por lo que facilitan su integración en la ordenación en el territorio. Además, cabe destacar que son viviendas familiares y no tienen un carácter especulativo.
El origen de estas edificaciones, fuera de toda planificación, provoca que no cuenten con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad.
Por ello, este decreto ley pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los procesos. El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo.
Además, este mismo decreto ley será derogado una vez que se apruebe la nueva Ley del Suelo, que incluirá todo su contenido. Se trata, por tanto, de un decreto ley de urgencia, aunque posteriormente será la Ley del Suelo la que regule esta materia.
Según comentó el alcalde de Manilva, Mario Jiménez:, desde el Ayuntamiento vemos con buenos ojos este instrumento que se nos ofrece, que refunde varias normas a las cuales ya nos habíamos ido acogiendo; todo ello con el objetivo de dar respuesta a la problemática actual.
El decreto, basado en tres pilares; el primero parte de la instrucción urbanística aprobada en mayo, que ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.
El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.
En segundo lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU.
Hasta ahora, había que esperar 6 años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de ahora, el problema se puede resolver sólo contando los plazos del plan especial.
Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
Desde el Ayuntamiento de Manilva se seguirá trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana.

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