Ayer dieron comienzo las II Jornadas de Urbanismo y Territorio en Manilva. Se trata de un interesante programa donde las principales personalidades del urbanismo se dan cita para tratar todas las vicisitudes de esta importante herramienta para el desarrollo de las ciudades y pueblos.
El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, el concejal de Urbanismo, Antonio Barragán y el edil de hacienda Marcos Ruiz, presentaron estas jornadas que ponen en primera línea de la información a Manilva.
El magistrado de la sección 5ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, que participó ayer en la sesión inaugural de las II Jornadas de Urbanismo y Territorio, organizadas por el Ayuntamiento de Manilva con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de Málaga y el Colegio de Abogados de Málaga, afirmó que “los magistrados del Supremo quieren volver al Palacio de Invierno”, y que le corresponde al legislador racionalizar el modelo de elaboración del planeamiento, “no somos activistas, simplemente hemos puesto el punto de atención sobre las deficiencias que tiene el modelo” sentenció.
Durante su conferencia aseveró que la tramitación de los planes generales es excesivamente compleja, y que la búsqueda de innumerables informes sectoriales dificulta el buen fin del instrumento de ordenación. En contra de lo que algunas Salas territoriales, como la de Madrid, han entendido de la doctrina del Tribunal Supremo, “no se puede anular un Plan por el solo hecho de carecer de informe de género”.
Para el magistrado, la “nulidad diferida” puede ser una solución para solventar irregularidades formales del planeamiento que no afecten a su contenido sustantivo. La doctrina del Tribunal de Luxemburgo, que puede ser invocada en nuestro país, daría la posibilidad de corregir efectos anulatorios en la producción normativa de los instrumentos urbanísticos, aunque la mejor solución sería que el legislador reformulase los supuestos de nulidad como hicieron en su día Francia y Alemania.
Hace ya tiempo que aprendimos a diferenciar, concluyó el magistrado del Tribunal Supremo, entre el acto de aprobación del Plan general cuyos defectos no pueden ser siempre invalidantes, y el instrumento de ordenación urbanística en sí, como disposición de carácter general. En esto la doctrina científica está completamente de acuerdo, y habría que seguir ahondando en esta tesis para impedir situaciones como las generadas en Marbella o en Santander. Probablemente el actual Ministro de Fomento, antiguo Alcalde de la capital cántabra, “tenga un interés especialmente motivado para fomentar una reforma legislativa que refrende esta idea”, indicó Fernández Valverde.
Tras la intervención del magistrado se celebró un coloquio al que se incorporaron, Belén Villena Moraga, abogada que impugnó el PGOU de Marbella, y Sebastián Olmedo Pérez, abogado miembro del equipo redactor del instrumento urbanístico anulado por el Tribunal Supremo.
En el turno de intervenciones Olmedo, mostró su disconformidad con algunas consecuencias erróneas que se han extraído de la sentencia anulatoria del Alto Tribunal, una de las cuales calificó de tendenciosa, pues “la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan urbanístico de Marbella no ha dicho que no se puedan legalizar irregularidades urbanísticas”.
El miembro del equipo redactor del PGOU de Marbella, reconoció que el error fue “no explicar suficientemente en la Memoria del Plan el sistema de normalización ideado para normalizar la situación creada por el GIL”, pero defendió que es imposible en Andalucía regularizar ilegalidades urbanísticas “incumpliendo los parámetros de ordenación estructural establecidos por la Ley urbanística”.
Para Belén Villenas sin embargo, es fundamental “respetar la fuerza jurídica de lo fáctico”, especialmente en los casos que se vean afectados por la ilegalidad de una licencia urbanística terceros de buena fe, atendiendo al principio de seguridad jurídica y certidumbre, y asimismo “habría que medir mejor la proporcionalidad de la actuación tardía de la Administración urbanística”.
Tras un interesante debate entre los tres participantes del coloquio en el que lució el interés común de buscar una solución para el futuro de la ordenación territorial y urbanística, se llegó a la opinión compartida de que “una Corporación municipal tiene el derecho de plasmar el modelo de su ciudad en el Plan General”; y que “una mejora sustancial en la justicia cautelar contencioso-administrativa, ayudaría a evitar situaciones como las generadas en Marbella”.
Al término de esta primera sesión pudimos hablar con Diego Vera Jurado, Catedrático de derecho administrativo y director general de la fundación de la universidad de Málaga, que se referiría a la importancia de aunar esfuerzos entre administraciones para avanzar en esta materia.
Hoy se celebra la segunda sesión de estas Jornadas en el Centro de Interpretación Las Viñas en Manilva, con la conferencia sobre “La nueva definición legal del dominio público marítimo terrestre y su régimen concesional”, que imparte el también Magistrado del Tribunal Supremo, José Juan Suay Rincón, al que segue un debate abierto con los asistentes.